23Octubre2017

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El derecho a la protección de la salud

Escrito por: Marciano Sánchez Bayle
Septiembre - Octubre 2012

 La salud no aparece mucho en la Constitución, la principal referencia es el artículo 43 que se expresa en los siguientes términos: 
 1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 
 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 
 3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio. 

La protección de la salud es un término ambiguo que puede abarcar muchas cuestiones o pocas de acuerdo con la interpretación que se haga de la misma. La Ley General de Sanidad, de 1986, aclara mas la significación y lo desarrolla de una manera amplia, incluyendo no sólo la atención sanitaria, sino además la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.

Posteriormente se ha producido un desarrollo legislativo con la aprobación de 2 leyes del medicamento (1990 y 2006), la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (2003) y la Ley general de Salud Pública (2011) que especifican y concretan los derechos y garantías de la protección de la salud. En 2002 se aprobó además la Ley de autonomía del paciente y en 2005 la de Información sanitaria y autonomía del paciente que regulan los derechos de los ciudadanos respecto al sistema sanitario y la capacidad de decisión de éste con referencia a las indicaciones de los profesionales del mismo. Además el RD 1030/2006 regula las prestaciones básicas del Sistema Nacional de Salud (SNS) con lo que se establece un catálogo de prestaciones para el conjunto del mismo.

La Sanidad en la Constitución

La Sanidad en la propia Constitución aparece también como descentralizada, cuando en el artículo 148 se recoge como competencia de las CCAA a la "Sanidad e Higiene", lo que establece una contradicción con un dispositivo asistencial, el entonces INSALUD (Instituto Nacional de Salud) centralizado, por lo que se evidenció la necesidad de su transferencia que se condicionó a que las comunidades autónomas tuvieran competencias sobre Seguridad Social(SS) al ser el INSALUD el que prestaba la atención sanitaria de la SS, hecho este que condicionó que las transferencias sanitarias no finalizaran hasta finales de 2001. El Estado se reserva como competencias exclusivas (artículo 149): 16º Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos, y 17.º Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas. Por otro lado el artículo 139 establece que: 1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.

Todas estas normativas establecen los derechos a la protección de la salud de los ciudadanos españoles y las personas que están legalmente en España, sin embargo quedan algunos problemas respecto a la cobertura que tienen que ver con los inmigrantes no regularizados que sólo tienen derecho a la atención sanitaria en urgencias (salvo las mujeres durante el embarazo y los niños) y algunos colectivos de personas con recursos cuyo derecho a la atención sanitaria ha sido reconocido por la Ley General de Salud Pública, pero que aún no se ha desarrollado en este aspecto. En resumen la universalidad de la atención sanitaria tiene todavía flecos para su completo desarrollo.

Problemas ocasionados por la descentralización

El ejercicio del derecho a la protección de la salud ha quedado a merced de las CCAA que son las que tienen la competencia en organización, gestión y en legislación sanitaria. Esta descentralización ha generado algunos problemas bien conocidos que se han agudizado con la crisis, por un lado. A pesar de que hay un catálogo de prestaciones común bastante amplio, algunas de las CCAA han establecido prestaciones suplementarias (por ej. el cambio de sexo en Andalucía, alguna vacuna más en el calendario vacunal, etc) que hasta el momento son poco significativas en el contexto de la atención sanitaria.

Existe un problema en cuanto a la atención sanitaria de los denominados "desplazados"(personas con domicilio en una comunidad autónoma que demandan atención sanitaria en otra distinta), que, en teoría está establecido que debe de realizarse sin ningún problema, porque el derecho a la protección de la salud es un derecho personal y no de los territorios y por lo tanto debe de garantizarse allí donde se produzca la necesidad sin relación con el domicilio legal, y por otro lado es bien conocido que con el desarrollo de las comunicaciones la movilidad de la población es cada vez mayor y no es nada raro el caso de personas que se desplazan diariamente entre CCAA para trabajar. En principio se establecieron en la Ley de Cohesión unos Fondos (Fondo de Cohesión) específicos para la asistencia en otras CCAA, pero se hicieron contemplando sólo la hospitalización y no la atención ambulatoria y la prestación farmacéutica que es donde este último año se han producido incidencias de negativa de atención, evidentemente ilegales, pero que no han tenido una respuesta adecuada por parte del Ministerio de Sanidad que es quien en última instancia garantiza las prestaciones mediante la Alta Inspección.

Otro aspecto es el derivado de la garantía real de las prestaciones del sistema sanitario que tiene que ver sobre todo con los recursos sanitarios de las CCAA y la organización de sus servicios regionales de salud. El reconocimiento de los derechos es importante, pero lo realmente importante es el acceso a las prestaciones sanitarias en tiempo y forma cuando se precisa de las mismas para asegurar la protección de la salud, porque demoras muy prolongadas en las citaciones, en las pruebas diagnósticas, en las intervenciones quirúrgicas o en los tratamientos, suponen en la practica una negación de este derecho, y sobre eso hay pocos avances, porque, aunque existen algunas normativas sobre garantías y listas de espera máximas, las respuestas de las Administraciones públicas suelen ir por la línea de la manipulación y/o ocultación de los datos.

Con todo, los principales problemas a los que en estos momentos se enfrenta la Sanidad Pública y por lo tanto el derecho a la protección de la salud, son la privatización, los recortes presupuestarios y los copagos.

Efectos de la privatización y los copagos

Los efectos de la privatización son bien conocidos, básicamente porque antepone los intereses empresariales de búsqueda de beneficio a la calidad en la prestación del servicio sanitario, y además porque hay mucha evidencia de que encarece notablemente los costes de la atención sanitaria. Los nuevos hospitales privados o semiprivados han tenido un coste entre 7-8 veces superior a su construcción por el sistema público y están, desde luego, en la base de los problemas económicos de algunas CCAA (Valencia, Cataluña, etc).

Por otro lado la privatización de los servicios sanitarios público se incardina en la estrategia neoliberal de privatización de los servicios públicos y desmantelamiento del Estado del Bienestar. En España los objetivos se pueden concretar en desregular los servicios sanitario públicos favoreciendo pseudomercados y/o mercados internos, incentivar la presencia del sector privado dentro del Sistema Nacional de Salud (concesiones administrativas, PFI, etc) aunque sea a costes exorbitantes, recortes de los presupuestos públicos para deteriorar la Sanidad Pública (conscientes de que uno de los principales obstáculos a la política privatizadora es el convencimiento generalizado de la población y de los profesionales de que la calidad de la atención sanitaria es significativamente mejor en el sistema público (no tiene precio la imagen de Esperanza Aguirre acudiendo a un hospital público cuando creía que tenía un grave problema de salud ), establecimiento de copagos, favorecer el aseguramiento privado (CiU no para de señalar como uno de sus objetivos la desgravación fiscal de las pólizas de seguros privados) y en fin segmentar la asistencia sanitaria con un sector privado que atienda a las clases altas y medias-altas y el establecimiento de una nueva beneficencia para los sectores de asalariados con menor poder adquisitivo (recuérdese que mas del 60% de los asalariados cobra menos de 1000 euros/mes), parados y pensionistas.

Los recortes que se están llevando a cabo suponen otro obstáculo al ejercicio efectivo de la protección de la salud. Aunque su intensidad y sus tipos difieren de unas a otras CCAA, es obvio que se están produciendo tanto una disminución de la oferta de servicios sanitarios (cierres de centros, de plantas, quirófanos, eliminación de guardias, etc.) como de personal sanitario (tanto por la vía del aumento de las jornadas de los ya existentes como por la rescisión de los contratos de eventuales e interinos, la no reposición de las plazas que se quedan vacantes por jubilaciones, etc). El resultado es una menor oferta de servicios sanitarios que dispara las listas de espera y un empeoramiento de la calidad de la atención por un aumento de la presión asistencial que deben resolver los mismos profesionales.

Y, por fin, el copago, que pretende imponerse tanto sobre la prestación farmacéutica de los pensionistas como sobre el acceso a las prestaciones sanitarias (consultas, urgencias, hospitalización, etc). Toda la literatura internacional lo desaconseja fundamentalmente porque tiene unos efectos muy negativos sobre la equidad, efectos que pueden tener consecuencias tremendas en un momento de crisis en el que el porcentaje de desempleados es tan alto y las retribuciones de la mayoría de los pensionistas y de las personas que trabajan están en el límite.

Hay una especial insistencia en establecer el copago que a primera vista no se entiende bien porque hay muchísima evidencia de que no contiene el gasto, que es incapaz en discriminar la demanda apropiada de la inapropiada y que tiene efectos muy negativos sobre las personas mas enfermas y con menos recursos. Siendo así ¿Porqué hay tanto interés en ponerlo en marcha? Hay al menos tres motivos evidentes: primero se quiere mercantilizar la atención sanitaria y acabar con su carácter solidario y redistributivo para convertirla en un producto más de consumo, en una mercancía, y ya se sabe que el acceso a las mercancías esta ligado a la capacidad económica de cada uno, y a la capacidad de pago directo y no a las necesidades de salud; segundo, porque establecer sistemas de pago en el acceso a las prestaciones sanitarias favorece a los seguros sanitarios por dos vías, porque comparativamente se vuelven mas baratos y porque se pueden articular seguros privados que cubran estos copagos, y tercero porque el ruido sobre el copago crea una cortina de humo sobre los despilfarros del gasto sanitario, es decir sobre el elevado gasto farmacéutico y la sobreutilización tecnológica que son los problemas reales de nuestro sistema sanitario.

En resumen el derecho a la protección de la salud que reconoce la Constitución se encuentra seriamente amenazado, porque se quiere convertir la atención sanitaria en una mercancía sujeta a los vaivenes del mercado, en lugar de reconocerla como un derecho humano básico y por lo tanto sujeto de garantía por los poderes públicos. En este tema, como en muchos otros, la crisis se esta intentando utilizar como una excusa para desmontar las conquistas sociales. Lo que suceda dependerá de la capacidad de las fuerzas sociales para imponerse sobre los intereses económicos.©


Marciano Sánchez Bayle

Presidente de la International Association of Health Policy y Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública


 

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