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El estado de la justicia en España

Escrito por: Manuela Aguilera
Junio 2008

De los tres poderes del Estado a los que alude Montesquieu (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) es, sin duda, este último –la justicia– el principal y fundamental como garante del Estado de Derecho. Efectivamente, para muchos teóricos es el concepto principal que estructura la vida pública, a pesar de que se ve cada vez más eclipsado por la atención global concedida a los derechos humanos (de los que próximamente nos ocuparemos en estas páginas en el número del mes de noviembre). El término justicia genera tal diversidad de análisis y de aplicaciones que pueden confundir a quienes busquen claridad y precisión en su enfoque. Por eso, el punto de arranque de este monográfico ahonda en lo que significa llamar justa o injusta a una situación, qué tipo de acciones son justas o injustas, en suma nos introduce en la necesidad de poseer una idea de justicia como valor. Pero el grueso de este especial lo ocupará el análisis del estado de la justicia en nuestro país, procurando ofrecer al lector un mapa útil en tan controvertido terreno, explorando y examinando la aplicación de la justicia en los ámbitos del derecho.

El Consejo General del Poder Judicial cifraba el pasado mes de mayo en un exhaustivo informe, que existían un total de 269.450 sentencias de lo penal que están pendientes de ser aplicadas en España. El estudio denuncia, además, que se sobrepasa la media del registro en un 21% en Madrid, en un 52,24 % en Barcelona, en un 99,62 % en Valencia, en un 82,30 % en Palma de Mallorca, en un 80 % en Bilbao y en un 40,10 % en San Sebastián. Por comunidades autónomas, la peor situación se registra en Cataluña, donde hay 56.000 sentencias pendientes de ejecutar, seguida de la Comunidad Valenciana, con 40.000 y la Comunidad de Madrid con 37.500. Y por si fuera poco, a este endémico retraso se suman errores graves que han propiciado que culpables declarados (y no presuntos culpables) estén en la calle sin que nadie se dé cuenta de ello hasta que vuelven a delinquir.

Cuando el pasado mes de abril, tras dos meses de paro, se dio por finalizada la huelga de los funcionarios judiciales, se habló eufemísticamente en los medios de comunicación de la vuelta a la normalidad. Y efectivamente así fue. Pero la “normalidad” del sistema judicial de este país no es otra cosa que mesas cargadas de expedientes en papel, pasillos atestados de gente, juicios suspendidos una y mil veces por errores de comunicación, sistemas informáticos del Cuaternario que no conocen aún inútiles fruslerías modernas como Windows, Internet o el correo electrónico… En definitiva se volvió a la esclerosis del sistema, al burocratismo decimonónico, a la lentitud exasperante, a los medios materiales obsoletos, a la falta de compromiso y a la ineficacia generalizada.

Los problemas siguen y esto a todas luces hace que resulte absolutamente necesario el inmediato consenso de todos los partidos políticos para que, de modo prioritario se busquen soluciones y se afronte, de una vez, la reforma del sistema judicial. Reforma que debería abordar prioritariamente: la despolitización de la Justicia. Es decir, la consecución de una auténtica independencia del poder judicial, evitando las ingerencias permanentes de los políticos, como ahora ocurre. Los medios personales y materiales adecuados, dotando a los Juzgados de modernos sistemas electrónicos de comunicación entre ellos y la policía judicial. La homogeneidad de la oficina judicial, ya que las Comunidades Autónomas han asumido competencias respecto a medios materiales y personales y ésto, contrariamente a la homogeneidad, ha generado una grave desigualdad. Una muestra es la descoordinación que se produce entre un Secretario que en teoría es de quien dependen esos funcionarios, y los departamentos de Recursos Humanos de los Gobiernos Autonómicos de los
que también dependen estos funcionarios. Y, por último, la formación de los funcionarios respecto al uso de las nuevas tecnologías. Con todo, nuestro objetivo no es otro que ayudar a que nuestros lectores –sujetos de derechos y deberes– intenten tener su propio punto de vista de modo que puedan argumentar mejor, interpretar certeramente y exigir la rápida normalización de la aplicación la justicia en nuestro país.©


Manuela Aguilera

Directora de la revista Crítica


 

 

¿Qué le pasa a la justicia?

¿Qué le pasa a la justicia?

A dar respuesta a la pregunta ¿Qué le pasa a la justicia? nos ayudarán firmas como las de: Manuela Carmena, Magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid, Giulia Tamayo, responsable de Investigación y Políticas de Amnistía Internacional - Sección española, Luis Carlos Nieto García, Magistrado, especialista en menores... entre otras muchas.


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