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¿Crímenes económicos sin responsabilidad?

Escrito por: Santiago Álvarez Cantalapiedra
Enero - Febrero 2014

El profundo deterioro social provocado por la crisis ha hecho que se empiece a hablar de crímenes económicos contra la humanidad. Es posible que aún no tengamos clara la noción de lo que es un “crimen económico”, y cuales los mecanismos para investigarlos y perseguirlos, pero es urgente –como defienden Lourdes Benería y Carmen Sarasúa– que esta noción se incorpore al discurso ciudadano y se entienda su importancia para construir la democracia económica y política. Como mínimo nos hará ver la necesidad de regular los mercados para que, como dice Polanyi, estén al servicio de la sociedad, y no viceversa.1

Entre las principales víctimas de los crímenes económicos se encuentran la población inmigrante, la infantil y, en general, los sectores más modestos de la sociedad. En lo que sigue, argumentaré en torno a la tesis de que no nos encontramos ante un “homicidio social involuntario”, sino ante unas políticas de austeridad extrema –y, por tanto, ante unas acciones deliberadas– que cabe calificar de “austericidas” y “austeritarias”. Cada vez resulta más dudoso que estas políticas tengan como objetivo acabar con el déficit público, de hecho están siendo contraproducentes para tal fin. Tampoco es seguro que tengan la intención de acabar con la crisis rápidamente. Más bien parecen estar orientadas a crear las condiciones para socializar el miedo entre la población y, a partir de ahí, hacer aceptables las reformas necesarias que están redefiniendo por completo el modelo de sociedad. Un modelo que se va construyendo con políticas que eliminan derechos sociales (de ahí el adjetivo de “austericidas”) y que se aplican sin el consentimiento popular (de ahí lo de “austeritarias”).

Una fractura social sin precedentes

La creciente desigualdad social y el empobrecimiento económico son dos procesos íntimamente relacionados que están fracturando la sociedad española y poniendo en riesgo su cohesión social. La desigualdad, que mostraba ya una tendencia creciente en la etapa de bonanza anterior a la crisis, se ha profundizado considerablemente en los últimos años. Al inicio de la crisis, en el año 2008, el 20% de la población más rica de nuestro país concentraba 5,5 más riqueza que el 20% más pobre. Apenas tres años después, en 2011, esta ratio de desigualdad se eleva a 7,5 veces, y esta tendencia corre el riesgo de acentuarse como consecuencia del elevado nivel de desempleo y el ataque furibundo que está experimentando el sistema público de protección social. La pobreza llega hasta unos niveles difícilmente soportables: según informa Cáritas, “la pobreza severa alcanza ya a 3 millones de personas, lo que supone el 6,4% de la población, una cifra que se ha duplicado desde el 3,5% de 2007”.2 El perfil de la pobreza es cada vez más infantil: los niños y las niñas son ya el grupo de edad con más personas pobres,3 circunstancia que se agudiza en el caso de los hogares de inmigrantes. Y mientras esto ocurre, en los dos últimos años más de cien españoles se han sumado al club mundial de los “ultra-ricos”, esto es, al grupo de los que poseen patrimonios superiores a los 100 millones de dólares.4 Pobreza y desigualdad van, en estos tiempos y en este país, de la mano. 

Políticas “austericidas”

La crisis no es la única responsable de este grave deterioro social provocado por el incremento de la pobreza y la desigualdad. Por descontado que es la causa principal de una tasa de desempleo que supera el 26% de la población activa. Sin embargo, las decisiones de los sucesivos gobiernos en la gestión de la crisis han exacerbado el problema en lugar de mitigarlo. Fundamentalmente debido a dos razones. Primera, porque estas políticas gubernamentales han pervertido el orden de prioridades por el que debería regirse un servidor público rescatando el sistema financiero y abandonando a su suerte a la población afectada; segunda, porque con su puesta en práctica se ha retirado la red de seguridad que impedía la dislocación social bajo el capitalismo.

Detengámonos en lo que ha supuesto la inversión de las prioridades en la gestión de la crisis. A estas alturas del partido todo el mundo sabe lo que ha comportado salvar a los bancos en vez de a la población necesitada de ayuda. Todo el dinero que ha faltado para apoyar a los propietarios de casas que se han visto desahuciados o para mantener los servicios sociales básicos de una población crecientemente empobrecida y azotada por el desempleo ha sobrado cuando de lo que se trataba era de rescatar bancos o de refinanciar costosísimos programas armamentísticos. La gente perdía sus casas al tiempo que los bancos saneaban sus balances. Se ha producido una gigantesca transferencia de rentas desde los afectados por la crisis hacia los responsables de la misma. Ha sido, sigue siendo, un gran escándalo.

Tal vez merezca la pena subrayarlo dada la intoxicación mediática con la que se ha tratado de culpabilizar a las víctimas con el discurso de que aquí quien más quien menos ha vivido por encima de sus posibilidades. Es rotundamente falso. La responsabilidad de que se inflara y pinchara la burbuja financiera- inmobiliaria ha sido de las instituciones bancarias (y, en general, del conjunto del sistema financiero) que controlaban conjuntamente tanto la oferta como la demanda de vivienda,5 circunstancia que permitió que se enriquecieran a espuertas durante toda una década. La codicia, junto a la falta de supervisión del regulador, favoreció que se asumieran demasiados riesgos por prácticas crediticias profundamente irresponsables y por un frenesí especulativo con productos financieros enormemente complejos. A pesar de los excesos cometidos, los gobiernos declinaron exigir responsabilidades a las instituciones financieras y decidieron, por el contrario, asumir sus deudas,6 lo que supuso la entrada en escena del Estado como “asumidor de riesgo de último recurso” ante la perspectiva de un eventual colapso del conjunto del sistema financiero.7La gracia del perdón fluyó abundante a través de la transmutación de la deuda privada en pública. Pero el esfuerzo sanador que se ha exigido a todos los contribuyentes se ha traducido en un abultado déficit público sin que tanto sacrificio haya sido compensado por los bancos con el restablecimiento del crédito, preocupados como están en reducir su endeudamiento y consolidar su poder. La enérgica respuesta de los gobiernos rescatando al sistema financiero sólo ha servido para trasladar responsabilidades, cambiar el foco de atención y justificar aquello que verdaderamente se persigue: cambiar por completo las reglas de la sociedad.

Entre las normas o reglas que se pretenden modificar se encuentra la forma de afrontar los riesgos sociales. Los Estados de bienestar, que instituyeron la solidaridad como respuesta colectiva a los riesgos sociales, deben retirarse. En su lugar se invoca la “sociedad participativa” en la que las personas deben asumir la responsabilidad sobre su futuro y tejer sus propias redes de seguridad.8 En otras palabras: ¡búsquese un seguro médico privado y hágase un plan de pensiones para encarar las amenazas asociadas a la enfermedad o a la vejez, no espere que la sociedad responda por usted! La atribución de que la responsabilidad ante los riesgos sociales es puramente individual es una artimaña que esconde los deseos de privatizar y mercantilizar espacios públicos hasta ahora vedados al capital, y no deja ser sintomático del grado de insolencia de las elites en el poder que esta pretensión se haya proclamado a los cuatro vientos en el mismo momento en el que se socializaban los riesgos financieros de la banca.

La retirada de la red pública de protección social está comportando un nivel de sufrimiento que se empieza a percibir con crudeza. El informe realizado por Nils Muižnieks, Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, tras su visita a España en junio de 2013 es esclarecedor.9Muižnieks informa que en España las políticas de recortes y reformas están causando una desprotección severa en dos colectivos especialmente vulnerables, la infancia y las personas dependientes, de manera que se está viviendo una regresión profunda en materia de derechos humanos en nuestro país.

Políticas “austeritarias”

En el mismo informe se denuncia también el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en las manifestaciones públicas de rechazo a las políticas “austericidas” y los abusos de poder llevados a cabo por unas autoridades que deberían estar encargadas, más que de la represión y criminalización de la protesta, de hacer cumplir la ley en la protección de los derechos humanos. La destrucción de las viejas conquistas sociales exige intensificar la violencia y penalizar la protesta pública, con el riesgo de llevarse por delante, junto a los derechos sociales, también los derechos civiles y políticos, mostrando una vez más la interdependencia e indivisibilidad que existe entre unos y otros. En este punto las políticas “austericidas” devienen en “austeritarias”, ya que requieren para su desarrollo vencer la resistencia popular e incorporar derivas oligárquicas en el ordenamiento jurídico, tal y como ha ocurrido con la reciente reforma del artículo 135 de la Constitución española, 10 provocando todo ello una profunda involución democrática.

Concluyendo, la crisis y las políticas de gestión de la misma, se están llevando por delante la red de protección pública que se había tejido históricamente con luchas sociales de acuerdo a una visión centrada en los derechos de la ciudadanía en una sociedad democrática. “Estas tendencias nos hablan de la construcción de un nuevo modelo de sociedad que pasa del pacto social al contrato mercantil, de la solidaridad colectiva al individualismo meritocrático, cambiando la estructura del bienestar fundado en derechos”.11 La crisis está representando un punto de inflexión hacia una profunda involución social y democrática que tiene como beneficiarios a unos pocos y como víctimas propiciatorias a los sectores más vulnerables de la sociedad. Esos sacrificios no son ofrendas, son crímenes económicos que tienen responsables.©

 Notas 

1. L. Benería y C. Sarasúa, «Crímenes económicos contra la humanidad», EL PAÍS, 29 de marzo de 2011
2. VIII Informe del Observatorio de la Realidad Social, Cáritas, Octubre 2013, p. 7. Se puede descargar en: http://www.caritas. es/publicaciones_compra.aspx?Id=4706&Diocesis= 1&Idioma=1
3. UNICEF, La infancia en España 2012- 2013. El impacto de la crisis en los niños, Mayo 2012. Se puede descargar en: http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/publicaciones/ la-infancia-en-espana-2012-2013
4. Colectivo IOE: «El número de los “super ricos” no deja de incrementarse en plena crisis», Barómetro social de España. Se puede consultar en: http://barometrosocial.es/archivos/ 699
5. El intenso retroceso que durante las tres últimas décadas de hegemonía neoliberal ha experimentado la participación del trabajo en la renta nacional se convirtió en un límite a la acumulación del capital como consecuencia de la debilidad de la demanda. Para eludir esta barrera, se impulsó una “economía del crédito” en la que las instituciones financieras promovían las deudas tanto de los trabajadores como de los promotores inmobiliarios, controlando al mismo tiempo tanto la demanda como la oferta de la vivienda e inflando una burbuja que proporcionaba enormes rendimientos a través de las plusvalías.
6. Los bancos y las cajas de ahorro no sólo concedieron préstamos sin ninguna prudencia sino que además lo hicieron endeudándose con la banca extranjera, particularmente con la alemana.
7. J. E. Stiglitz, Caída libre, Taurus, Madrid, 2010.
8. El recién coronado rey de Holanda, Guillermo-Alejandro de Orange, fue el elegido para anunciar el cambio del Estado de bienestar a la “sociedad participativa”.
9. CommDH(2013)18, Estrasburgo, 9 de octubre de 2013. Se puede descargar en castellano en: https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command= com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage= 2356738&SecMode=1&DocId=2056532&Usage=2
10. La reforma del artículo 135 de la Constitución Española, de 27 de septiembre de 2011, reza en su punto tercero: «Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta» (las cursivas son nuestras). Se incorpora así en los mismos textos constitucionales la prioridad absoluta de los derechos de los
acreedores frente a los derechos de la ciudadanía. Circunstancia que ha sido calificada con razón de auténtico golpe de estado financiero (véase F. Rodriguez Ortiz, «Una nueva gobernanza económica de inspiración neoliberal», PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global, nº 120, 2012, pp. 101-114).
11. VIII Informe del Observatorio de la Realidad Social, op. cit. p. 5.


Santiago Álvarez Cantalapiedra

Director de FUHEM Ecosocial y la revista "Papeles de relaciones ecosociales y cambio global"


 

 

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