Revista Crítica

Usted está aquí: Inicio La Revista Monográfico Análisis Criterios de determinación de la edad penar relevante

Criterios de determinación de la edad penar relevante

Escrito por: Mª Teresa Requejo Naveros
Noviembre - Diciembre 2011

¿A partir de qué momento el delito cometido por un menor merece la intervención penal?

Cuando un menor de 18 años comete un delito, su responsabilidad criminal no se dirime conforme a los postulados del Código penal de 19951, que es el Código penal de los “adultos”, sino de acuerdo a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor (en adelante LORPM). La LORPM contiene tanto el catálogo de medidas –que no sanciones– susceptibles de ser aplicadas al menor que delinque, como el procedimiento que se debe seguir a la hora de determinar la responsabilidad criminal en la que el menor pueda haber incurrido2.

Una vez sentado que sólo a partir de los 18 se aplican las disposiciones del Código penal de adultos, queda una segunda cuestión por dirimir. ¿A partir de qué edad podemos entonces aplicar la LORPM? O lo que es lo mismo, ¿qué edad debe tener un menor para considerarle penalmente responsable de sus actos? La LORPM establece en su redacción actual dos franjas de edad3.

Menos de 14 años

En primer lugar los denominados “niños” o menores de 14 años, para los que se prevé una exención total de responsabilidad penal. La inimputabilidad del menor de 14 años actúa de forma automática una vez confirmado el dato biológico de la edad. Para estos menores infractores se prevé la aplicación de las normas sobre protección de menores promulgadas por el Estado y las CC.AA, pero nunca la LORPM, y mucho menos el Código penal. Este primer límite de edad, el que marca la frontera de la responsabilidad penal, plantea la cuestión de si 14 años es o no una edad adecuada para constituir el límite mínimo de la responsabilidad penal4. Al margen de que en alguno de los anteproyectos de la LORPM se intentó que la edad penal mínima se fijara en los 13 años, merece ser destacado que en la última reforma de la LORPM, en el año 2006, se intentó rebajar la edad penal a los 12 años. No obstante, son un sector minoritario de la doctrina y algunos grupos sociales, normalmente llevados por casos con gran repercusión mediática, los que defienden la rebaja del límite inferior o el establecimiento de excepciones al límite mínimo en casos de menores que, o bien hayan cometido un importante número de ilícitos, o bien los que hayan cometido sean considerados de gravedad5.

 

Menores entre 14 y 18 años

En segundo término, los “menores” de entre 14 y 18 años, para los que se prevé la exigencia de responsabilidad penal conforme a los postulados de la LORPM. Dentro de este intervalo de edad, la Ley establece dos nuevas franjas cuyos efectos se proyectan principalmente sobre la duración de las medidas sancionadoras. Una para menores de 14 y 15 años, y otra para menores de 16 y 17 años. Así, por el mismo delito, la medida impuesta al menor de 16 años podrá durar más que la que correspondería al menor de 15 años.

Luego sólo a partir de los 14 años y hasta los 18 se podrá aplicar la LORPM. Y sólo cuando el sujeto cumpla los 18 años, computados desde el momento del nacimiento6, entrará en juego el Código penal. Así, el menor de 18 años es un sujeto responsable –imputable–, al que por motivos de prevención especial no se le somete a las consecuencias jurídicas del Código penal de adultos. Esto es, al delincuente de 17 años, 11 meses y 29 días, se le aplicarán las disposiciones de la LORPM. Si, por el contrario, ese mismo agresor decide comete el delito dos días después, será sometido a las previsiones del Código penal. ¿Qué ocurre en el tránsito de la menor a la mayor edad para que el autor de un hecho delictivo sea sometido a una u otra normativa?

El olvido del proceso evolutivo

La legislación penal española opta por aplicar un sistema cronológico o biológico que recurre al dato objetivo de la edad para determinar los límites mínimos y máximos de la responsabilidad penal. A partir de los 18 años, no importa qué grado de madurez real tenga el agresor, la responsabilidad penal se sustanciará conforme al Código penal de adultos. Luego, lo único que ocurre en el tránsito de la menor a la mayor edad es eso, que se alcanza la edad fijada en la Ley, que se cumplen años, sin que ello signifique cambio alguno en el sujeto.

Otras posibilidades

Si ahondamos en los motivos por los que el legislador español se decanta por el sistema cronológico, es claro que su principal ventaja es la seguridad jurídica, y por ende, su economía. Basta con averiguar la edad del agresor para decidir qué normativa le va a ser aplicable. No necesitamos exámenes adicionales o expertos que se pronuncien sobre la madurez real del menor. Su mayor inconveniente, no obstante, es precisamente ese, el olvido del proceso evolutivo que implica la adquisición de la madurez, pues el hecho de cumplir determinada edad no convierte al que el día antes tenía un años menos en una persona con una madurez y capacidad de responsabilidad de la que 24 horas antes carecía.

Que en España hayamos optado por un sistema cronológico no significa que no haya otras posibilidades. De hecho, convive tradicionalmente junto a este sistema el denominado del discernimiento. Este modelo de determinación de la edad se conforma en realidad como un sistema mixto que no puede eludir el recurso al dato cronológico de la edad a la hora de fijar un límite mínimo7. No obstante, la diferencia esencial reside en que, dentro de ese marco de edad, se subordina el sometimiento del autor del delito a la normativa de adultos o a la de menores atendiendo a si el menor tenía a la hora de delinquir discernimiento o madurez suficiente. Así, en primer lugar, conforme a este modelo, se fija cronológicamente un límite mínimo por debajo del cual se establece una presunción absoluta de inimputabilidad que no admite ser desvirtuada. Desde ese límite mínimo y hasta el límite a partir del cual se aplica el Derecho penal de adultos (límite máximo), hay una presunción general pero no absoluta de inimputabilidad, esto es, el menor es sometido a un juicio individual de discernimiento para decidir qué tipo de normativa se le aplica finalmente. Y las posibilidades son o bien aplicar la misma normativa, normalmente extrapenal, a que se somete a quienes estén por debajo del límite mínimo –si carece de discernimiento–, o bien aplicar la legislación penal de menores –en caso de que lo tenga–. Los países que adoptan el sistema del discernimiento suelen contemplar además un tercer grupo de edad constituido por jóvenes de entre 18 y 21 años a quienes según su nivel de madurez se les podrá aplicar la normativa de menores en lugar del Código penal de adultos.

Dificultades del sistema de discernimiento

La principal dificultad que suscita este modelo es el de determinar cómo se debe realizar la prueba del discernimiento, a lo que se une la necesidad de definir qué entendemos por discernimiento. La mayoría de la doctrina considera que consiste en indagar, a partir de cierta edad, la madurez del menor. El juez, con ayuda de expertos, debe comprobar que en el caso concreto si el menor criminal es capaz de conocer y comprender el precepto y de comportarse conforme a él o separarse de su cumplimiento (capacidad de inhibición).

El sistema del discernimiento ha sido objeto de numerosas críticas basadas principalmente en cuestiones de seguridad jurídica. Se trata de un modelo que suscita la necesidad de realizar un juicio individual de discernimiento, para lo que se precisa de recursos, tanto humanos como, en consecuencia, económicos; que plantea dificultades de comprobación caso por caso, pues el supuesto “discernimiento” de un menor puede ser objeto de diversas interpretaciones y por lo tanto de suscitar fallos; y que, a mayor abundamiento y respecto de cada menor, en caso de que haya cometido más de un delito, habrá que determinar su discernimiento respecto de cada uno de ellos, pues su capacidad de compresión y, sobre todo, de inhibición, puede ser distinta según el delito de que se trate. Pero ello no obsta a que sea un sistema que funciona con éxito en países de nuestro entorno como Alemania e Italia. Y que, en realidad, es más respetuoso con los postulados del principio de culpabilidad y permite adecuar mejor la respuesta penal –o extrapenal– a las características reales del menor delincuente, al tiempo que respeta las exigencias derivadas de la prevención especial.

Un nuevo modelo

Junto a estos dos sistemas que tradicionalmente se han venido aplicando para determinar la edad penal relevante, surge enmarcado en la tendencia represiva que se refleja en las sucesivas reformas sufridas por la LORPM un nuevo modelo. Nos guste o no, a consecuencia del incremento en la delincuencia juvenil y del acaecimiento de determinados sucesos delictivos de enorme violencia y gravedad cometidos por menores, asistimos en la actualidad a una crisis de los modelos de justicia juvenil más avanzados8. Y fruto de esta situación es la aparición de un modelo de corte punitivo, que, además de otras muchas cuestiones, ofrece un nuevo parámetro para determinar la edad penal relevante: la gravedad del delito cometido9. Si el delito es leve, o se puede catalogar como un delito propio de la delincuencia juvenil, se aplicará la normativa de menores. Si el delito es grave, recurriremos a la normativa de adultos y el menor podrá ser enviado a prisión.

El legislador no puede perder de vista que el menor, aunque responsable, todavía no ha completado su proceso de madurez, y que eso es precisamente lo que favorece y potencia el resultado de todo tratamiento que se pueda realizar con el mismo para que no vuelva a delinquir. Someterlo a un proceso penal en toda regla y enviarlo a un centro penitenciario sólo va a incrementar el problema. De forma que la legislación penal de menores debería frenar su acercamiento al modelo punitivo y rechazar la posibilidad de recurrir a la gravedad del delito cometido para determinar qué normativa se debe imponer al menor. Una vez adoptada esa perspectiva, la discusión se entablará entonces entre los dos sistemas tradicionales. Y habrá qué decidir qué es más adecuado, si la facilidad y seguridad jurídica que nos proporciona un sistema cronológico de determinación de la edad pese a no adaptar la respuesta punitiva a la capacidad de culpabilidad real del menor; o los riesgos de un modelo como el del discernimiento que nos permite una mejor adecuación de la respuesta penal a la madurez del autor del delito cometido, pero es más costoso y puede dar lugar a soluciones en ocasiones erróneas.©

NOTAS

1. El artículo 19 del Código penal de 1995 establece que “Los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código. Cuando  un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor”
2. No obstante para definir qué hechos cometidos por un menor pueden ser constitutivos de delito o falta la LORPM se remite al catálogo de infracciones penales contenidas en el Código penal de adultos. Esto es, los delitos que puede cometer un menor son, en principio, los mismos que puede cometer un adulto y que se contienen en el CP de 1995. No obstante esto ha sido muy criticado por cuanto hay delitos del CP cuya comisión por un menor es imposible, como así ocurre, por ejemplo, con los delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, habida cuenta de que para poder presentarse a un puesto público es preciso haber alcanzado la mayoría de edad civil.
3. Inicialmente la LORPM incluía una tercera franja de edad, la de los jóvenes de entre 18 y 21 años, para quienes se preveía la posibilidad de aplicar la LORPM en determinados casos. No obstante, esta franja de edad, después de haber sido suspendida su entrada en vigor durante años, se suprimió de forma definitiva en la reforma operada por la LO 8/2006.
4. No obstante otros países europeos fijan otras edades mínimas. Así, Dinamarca, Finlandia y Suecia establecen la edad mínima en 15 años; Portugal y Luxemburgo a los 16; Bélgica, Irlanda y Países Bajos a los 12, Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte a los 10 y Escocia a los 8.
5. Según la Exposición de Motivos de la LORPM, se parte de la convicción de que las infracciones cometidas por los niños menores de esta edad son en general irrelevantes y que, en los escasos supuestos en que aquéllas pueden producir alarma social, son suficientes para darle respuesta igualmente adecuada los ámbitos familiar y asistencial civil, sin necesidad de la intervención del aparato judicial sancionador del Estado.
6. El cómputo de los años en el ámbito penal se hace de momento a momento, esto es, teniendo en cuenta la hora de nacimiento del sujeto. En caso de que no pudiera ser conocida la hora de nacimiento del sujeto, si el hecho delictivo hubiera sido cometido el día de su 18 cumpleaños, en aplicación del principio in dubio pro reo se entendería que la hora de nacimiento es posterior a la de la comisión de los hechos.
7. Si el sistema del discernimiento se configurara sin recurrir al dato cronológico de la edad, a todo menor, desde el momento de su nacimiento podría exigírsele responsabilidad penal, siempre que se entendiera que tenía discernimiento y madurez suficiente en el momento de su actuación.
8. Como por ejemplo el modelo del bienestar, o el modelo norteamericano de las cuatro D.
9. A dicho sistema se recurre en numerosos Estados de Estados Unidos, país en el que surge o dónde se empieza a desarrollar el modelo referido.


Mª Teresa Requejo Naveros
Profesora de Derecho Penal.
Universidad Complutense de Madrid - ICADE. 
Miembro de la Cátedra Santander de Derechos y Menores
Los menores en España

Los menores en España

Monográfico dedicado a la situación de los menores en España, desde la perspectiva de diversos especialistas y estudiosos de diferentes campos profesionales, se pone de relieve cuál es la realidad que viven hoy los menores en nuestro país. Con ello esperamos dar protagonismo a aquellos más indefensos en nuestra sociedad y hacer visible la situación precaria en la que se encuentran muchos niños/as y adolescentes que viven en un entorno hostil, tanto educativo, como jurídico, como social.


Ver revista Descargar Suscribirse

Artículos más leídos

La educación no es neutral

La educación no es neutral

Para transformar la sociedad es necesario formar sujetos críticos y creativos, y...

Consumo y ciudadanía

Consumo y ciudadanía

La ciudadanía no consiste únicamente en tener derechos, sino también...

Por qué nos duele la vida

Por qué nos duele la vida

Pocas experiencias humanas alcanzan tal grado de universalidad como el dolor. Su registro es tan...

Como lágrimas en la lluvia

Como lágrimas en la lluvia

Yo he visto cosas que vosotros no creeríais: atacar naves en llamas más allá de...

Desde mi teclado

Desde mi teclado

El 93% de los internautas españoles tienen una cuenta activa en al menos una red social....

  • La educación no es neutral

    La educación no es neutral

    Martes, 01 Marzo 2011 13:57
  • Consumo y ciudadanía

    Consumo y ciudadanía

    Martes, 01 Julio 2008 11:17
  • Por qué nos duele la vida

    Por qué nos duele la vida

    Sábado, 01 Septiembre 2012 13:07
  • Como lágrimas en la lluvia

    Como lágrimas en la lluvia

    Sábado, 01 Marzo 2014 13:54
  • Desde mi teclado

    Desde mi teclado

    Miércoles, 01 Mayo 2013 09:48

Redes Sociales

Newsletter

Suscríbase a nuestras newsletters para recibir nuestros últimos comunicados
eMail incorrecto