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Diez años de la ley de responsabilidad penal del menor

Escrito por: Eva Guerrero Tomás y Ignacio Valentín Mayoral Narros
Noviembre - Diciembre 2011

Diez años desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de la Responsabilidad Penal de los Menores han servido para mucho. Desde que se optó por legislar los ilícitos penales cometidos por aquellos menores con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años, muchas y variadas son las certezas e incertidumbres que, al respecto de un tema tan complejo y tortuoso, han visto la luz en nuestro entramado social.

Desde la promulgación de la Ley han acontecido mil y una historias de dolor y confusión, rabia e incredulidad, pero también mil y una historias de éxito, compromiso y de evolución personal. El común denominador, la acción ilícita de un menor de edad, de un adolescente, de un joven. Entre ellas, trágicos sucesos que han generado un amplio y agitado debate social sobre la necesidad y conveniencia de abordar modificaciones en una Ley en general poco conocida, ordinariamente vapuleada y, especialmente, nada comprendida. El dolor, cuando anida tras la injusticia y la barbarie, se hace insoportable, irreparable. Y exigimos justicia. Pero ¿qué justicia? La de siempre, la que todo el mundo entiende. Las reformas y los ajustes se produjeron (no olvidemos que esta norma se vio modificada o afectada en cinco ocasiones, dos de ellas incluso antes de su entrada en vigor), garantizando, entre otras cuestiones relevantes, una mayor atención y reconocimiento a las víctimas, así como una mayor proporcionalidad entre las penas impuestas y los delitos cometidos, olvidando, en ocasiones, los fundamentos que dieron pie a la promulgación de la ley, que, en su esencia, tenía como imperativo fundamental dar respuesta a la reeducación, sin perjuicio de su impacto o consecuencia sancionadora.

A lo largo de la vida de la Ley Orgánica 5/2000, un papel muy relevante lo han tenido los Jueces y Fiscales de Menores, responsables últimos de aplicar la norma y velar por el interés superior de los menores. En el breve y humilde balance que ahora acometemos, queremos destacar las conclusiones alcanzadas este mismo año en las Jornadas de Magistrados/as de Menores, en las que éstos manifestaron su satisfacción con los resultados de la aplicación de la Ley Penal del Menor, considerando la misma como “un instrumento eficaz para facilitar la reinserción y la adecuada integración del menor en la sociedad”, haciendo referencia a que las sucesivas reformas se han traducido en un retroceso en el espíritu de la norma, lo que ha llegado a “desnaturalizar la filosofía humanizadora y reeducadora de la Ley”.

Este ha sido, sin lugar a dudas, un tema convulso, con gran carga socialy política, en cuyo discurso y crecimiento argumental no ha sido fácil consensuar la máxima de primar el interés superior del menor, ajustarse al estado de derecho y responder de manera razonable a las exigencias que, desde la perspectiva social, se alzan como respuesta y reacción a situaciones altamente sensibles por su relevancia humana y también, por supuesto, mediática.

Un camino en construcción

Como muestra de que nos encontramos ante un camino aún“en construcción”, cabe citar las Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño al Estado español del pasado año 2010, en las cuales el Comité estableció la necesidad de que España continúe fortaleciendo el cumplimiento de las disposiciones de la Convención de Derechos del Niño y del conjunto de reglas y estándares internacionales de las Naciones Unidas en materia de justicia juvenil. De forma específica, entre otros aspectos, el Comité hace también hincapié en la necesidad de potenciar mecanismos de prevención y garantizar el carácter de última ratio de las medidas privativas de libertad, fomentando así el empleo de medidas en medio abierto. Debe señalarse que una de las preocupaciones del Comité en relación con el sistema de justicia juvenil español es la adopción de leyes que han dado lugar a la imposición de penas más duras a los niños que han cometido delitos graves, un posicionamiento contrario al pensamiento generalizado concurrente en parte de la sociedad española.

La realidad vivida desde 2000

El análisis de los diez años de vigencia de la Ley Orgánica 5/2000 requiere que prestemos una muy especial atención a la realidad vivida en los denominados centros de reeducación y resocialización –anteriormente conocidos como de reforma–, que emanan de nuestro ordenamiento
jurídico como herramientas fundamentales para la ejecución de las medidas judiciales privativas de libertad, siempre en el marco programático y de objetivos fundamentales amparados por nuestra Carta Magna; diez años de recorrido que, consecuentemente, nos han permitido, asimismo, detectar aquellos aspectos susceptibles de mejora para el correcto funcionamiento de estos recursos.

El escenario actual de los recursos humanos y materiales de nuestro sistema de justicia juvenil está muy lejos de la realidad insuficiente descrita por el Defensor del Pueblo en el “Informe sobre el primer año de vigencia de la Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores”. Desde la entrada en vigor de la leyse han venido desarrollando los proyectos de centro, procurándose así el marco de respuesta según las medidas judiciales dictadas y las características de los menores que han podido verse afectados por las mismas.

Las medidas aplicables de internamiento han venido imponiéndose teniendo en cuenta principalmente el tipo delictivo, si bien con implicación sustantiva de aspectos tan importantes como la edad, reincidencia o el apoyo en el entorno familiar con el que cuente el menor implicado, todo ello en función de las disposiciones de la norma, contaminada del principio de proporcionalidad y de retribución penal a través de las diferentes reformas operadas.

Tipos de centros

Los centros de reeducación y resocialización han guiado sus proyectos de funcionamiento según la siguiente tipología básica:

Centros de internamiento en régimen cerrado: recurso en el que el menor, durante el cumplimiento de la medida, realiza todas sus actividades en el centro, sin tener posibilidad de permiso salvo por circunstancias excepcionales y para disfrutar del programa de salidas y permisos, todas ellas autorizadas por el juzgado.

Centros de internamiento en régimen semiabierto: centros en los que el interno realiza algunas actividades en el centro y otras en el exterior siempre que así se valore y establezca en su programa de ejecución de la medida por su equipo técnico y se autorice por el juzgado competente. La pernocta se desarrolla en el centro salvo cuando se propongan salidas o permisos y estén autorizados.

Centros de internamiento en régimen abierto: los menores realizan su actividad diaria fuera del centro y sólo regresan para pernoctar.

Centros de internamiento terapéuticoya sea en régimen cerrado, semiabierto o abierto: se lleva a efecto una atención educativa especializada o tratamiento particularizado dirigido a personas que padezcan algún tipo de anomalías o alteraciones psíquicas, un estado de dependencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que determinen una alteración grave de la conciencia de la realidad.

Es necesario subrayarlo. El ingreso en un centro de esta naturaleza supone un antes y un después en la vida de los menores implicados.Es importante remarcar que se trata de centros donde se restringen libertades en cumplimiento de un mandato judicial y no alojamientos de recreo como en ocasiones puede llegar a pensarse. Además de hallarse privados de libertad, con lo que ello siempre implica, pasan a encontrarse con un sistema normativo exigente al que no sólo no están acostumbrados sino que, además, intentan retar, controlar o ningunear. Situaciones tan sencillas como levantarse, acudir a los centros educativos o a la actividad escolar, cumplir con un horario estricto y obedecer las indicaciones impuestas, se vuelven una tarea en extremo complicada, especialmente durante las primeras fases del internamiento, tanto para quienes reciben las pautas y normas de régimen interno del centro como para quienes deben hacerlas cumplir. Uno de los objetivos claros es conseguir que el menor infractor, durante el tiempo que dura la medida, entienda que está obligado al cumplimiento de unas normas, que cuanto antes las asuma, antes empezará a encontrar el camino seguro y sosegado de la reinserción. Puesto que el cumplimiento de la norma va más allá de conseguir una adecuada convivencia, es un objetivo de la ley aprender a aceptar las normas de la sociedad en la que todos vivimos.

Una labor comprometida

Es aquí donde los profesionales del equipo técnico y educativo tienen una labor extremadamente compleja. De su convicción, confianza y constancia, dependerá en gran medida el éxito de los objetivos marcados con el menor. En este sentido, es prioritario abordar el delito y los factores asociados que condicionan en todo momento la intervención. A este respecto, a lo largo de estos diez años, ha sido y es fundamental la labor comprometida de todos aquellos profesionales que desde las Administraciones Públicas y desde el Tercer Sector han contribuido a hacer realidad la configuración actual del sistema de justicia juvenil.

Para ello, nada como partir de la motivación generada en los propios menores, nada como hacerlos agentes activos de su proceso sin perder de vista el motivo por el que están cumpliendo medida pero otorgándoles pequeñas responsabilidades que les permitan tomar algunas decisiones dentro de su grupo de convivencia, en las que aprender a pensar con y para los demás, comprendiendo los beneficios que ello puede reportarle individual y grupalmente

Los centros de reeducación y resocialización cuentan con equipos interdisciplinares, profesionales de distintos ámbitos (psicólogos, trabajadores sociales, abogados, médicos, psiquiatras, educadores, etc.) que además de contar con una preparación adecuada para desempeñar sus funciones correctamente y conseguir los objetivos marcados para cada caso particular y los de marcado carácter general, han de contar también con unas competencias, habilidades y herramientas personales que les permitan intervenir correctamente ante situaciones de elevado conflicto y estrés que de manera ordinaria pueden vivirse en el día a día y que, dadas las características y circunstancias personales de los menores que allí residen, no son sencillas de abordar con imprescindible acierto y calidad exigibles en cualquier caso. En este sentido, parece necesario que estos profesionales reciban una formación previa (antes de iniciar su trabajo) y continua (que se reciclara periódicamente) que permita la dotación de habilidades específicas (en la que a través de simulaciones se les ofrecieran las herramientas y aplomo y seguridad y se les prestara el apoyo socio-emocional necesario para que pudieran reflejarlo en su resiliencia personal) necesarios para enfrentarse a las mismas.

En este contexto, parece especialmente relevante que los centros den oportuna entrada a la flexibilidad de los programas y proyectos de trabajo, de manera que los profesionales puedan plantear actividades nuevas, en las que desarrollar sus potencialidades. Es decir tratar en la medida de lo posible de optimizar los recursos humanos, de forma que el personal se sienta más identificado e implicado en el trabajo y repercuta en su satisfacción profesional.

Mirar en la misma dirección

La realidad de estos centros de reeducación y resocialización, generalmente ocupados por chicos y chicas que apenas han contado con apoyo en su entorno más cercano y que, en muchos casos, son un grupo en claro conflicto social que participan poco de una vida normalizada, exige que los profesionales trabajen cohesionados, que se fomente la unidad y el apoyo que permita compartir experiencias que les valgan de soporte social y emocional en un lugar de trabajo donde la intensidad del mismo aflora frustraciones de forma más habitual de lo deseable. Se trata por tanto de buscar una vía de trabajo en la que con independencia del puesto que se ocupe, la dirección en la que se mire sea la misma de manera que se fomente un equilibrio en todas las áreas que participan en la consecución de los objetivos planteados para cada interno. Es aquí donde se pretende que la comunicación y el flujo de información sea tanto horizontal como vertical para el correcto funcionamiento del centro donde se ha de cumplir la medida judicial.

Tratándose de un asunto extremadamente sensible, una sociedad madura y sustentada en el estado de derecho como es la nuestra, debe adquirir el compromiso para continuar buscando las vías que mejoren la aplicación de la ley, buscar respuestas eficaces, rápidas y contundentes y exigir más medios, recursos y, sobre todo, acciones preventivas que permitan disminuir la delincuencia juvenil, todo ello en el marco del necesario respeto al menor de edad como sujeto de protección, una vez más puesto de manifiesto en la reciente Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas bajo el título: “Los Derechos Humanos en la administración de justicia, especialmente en justicia juvenil”

Es necesario extender las buenas prácticas que se vienen implementando y dar una mayor visibilidad en los medios de comunicación a los buenos datos que al respecto de la reinserción se evidencian (debe destacarse, a modo de ejemplo, el último informe emitido por la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor infractor, “Nueve de cada diez menores infractores en Madrid no vuelven a reincidir”) pero, especialmente, debe creer, con confianza y rigor, en el interés superior del menor y en la capacidad de los sistemas para reeducar y resocializar a aquellos menores de edad implicados en la comisión de actos delictivos. La tragedia emana dura e inmisericorde de cada hecho. Sí, en todos sus protagonistas.©


Eva Guerrero Tomás
Cátedra Santander de Derecho y Menores - Universidad Pontificia Comillas
Ignacio Valentín Mayoral Narros
Profesor Asociado de Derecho Penal - Universidad Europea de Madrid / Cátedra Santander de Derecho y Menores - Universidad Pontificia Comillas
Los menores en España

Los menores en España

Monográfico dedicado a la situación de los menores en España, desde la perspectiva de diversos especialistas y estudiosos de diferentes campos profesionales, se pone de relieve cuál es la realidad que viven hoy los menores en nuestro país. Con ello esperamos dar protagonismo a aquellos más indefensos en nuestra sociedad y hacer visible la situación precaria en la que se encuentran muchos niños/as y adolescentes que viven en un entorno hostil, tanto educativo, como jurídico, como social.


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